Los siete integrantes de la Policía de Acción Táctica (PAT) de la Policía de Santa Fe están imputados por un allanamiento ilegal, y autorizó la inhibición de bienes por 150 millones de pesos a cada uno, tras una readecuación de la cautela patrimonial
Este viernes se llevó a cabo una audiencia en los Tribunales Federales de Rosario, en donde el juez Federal de Garantías, Carlos Vera Barros, prorrogó la prisión preventiva por 60 días a siete integrantes de la Policía de Acción Táctica (PAT) de la Policía de la Provincia de Santa Fe que están imputados por un allanamiento ilegal, y autorizó la inhibición de bienes por 150 millones de pesos a cada uno, tras una readecuación de la cautela patrimonial.
El requerimiento de prórroga de la medida cautelar lo formalizaron el fiscal Federico Reynares, a cargo del área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, y las fiscales coadyuvantes, María Virginia Sosa y Soledad García. Con esta decisión se extendió la detención preventiva de los imputados que ya se había había efectivizado el pasado 10 de enero.
Sobre el caso
Los agentes Guillermo David Toledo, Sergio Nicolás Robledo, Iván Severino Schneider, Jesús Ángel Balais, Gerardo Sebastián Pérez, Fernando Nicolás Ferreira, Renzo Maximiliano Michelud y Agustín Mario Andrés Martínez –integrantes de la Policía de Acción Táctica (PAT) de la provincia de Santa Fe- habían sido imputados por la realización de un allanamiento ilegal el 13 de agosto de 2024 para sustraer cocaína, armas y dinero en una vivienda del barrio Azcuénaga de la ciudad de Rosario. En dicha oportunidad con violencia y bajo amenazas, privaron de su libertad a cinco personas -dos de ellas menores de edad- y les sustrajeron entre 12 y 15 ladrillos de cocaína, armas de fuego, 50.500 dólares y 285 mil pesos.
En virtud de ello, los representantes del MPF ampliaron el 10 de enero la imputación respecto de los policías Toledo, Robledo, Schneider, Balais, Pérez, Ferreira y Michelud por considerarlos coautores del delito de “comercio de material estupefaciente doblemente agravado por su calidad de funcionarios públicos y por realizarlo tres o más personas en forma organizada”. Los oficiales ya habían sido imputados, junto a Martínez, por la coautoría de diversos delitos entre los que se cuentan los de violación de domicilio, robo agravado, falsedad ideológica, asociación ilícita y encubrimiento.
Asimismo, en la misma audiencia, el Ministerio Público formalizó la investigación respecto de María Alejandra Gallegos -pareja de Toledo-, quien habría colaborado en el transporte y la venta del estupefaciente sustraído, y de sus dos hermanos -Guillermo Jonás y Leonardo Manuel Gallegos- por haber fraccionado y comercializado la droga junto a una mujer que aún no fue ubicada. También requirió la prisión preventiva de las tres personas, que fue dispuesta por lapso de 90 días.
Finalmente, a instancias del Ministerio Público Fiscal, el juez Vera Barros dispuso la prisión preventiva de la mujer y sus hermanos, y declaró el caso como un “Procedimiento Complejo” en los términos del artículo 334 del Código Procesal Penal Federal que autoriza la ampliación de los plazos máximos de duración de las diversas etapas del procedimiento.